CANAL DE DENUNCIAS
Canal Ético
Canal Ético – Canal de Denuncias es una herramienta de comunicación de denuncias para empresas estrictamente confidencial, gestionado por BSCERT Europe en calidad de terceros independientes, con el objeto de reportar por parte de empleados, clientes o proveedores comportamientos poco éticos o irregulares a través de Internet.
El 21 de febrero de 2023 el BOE publicó la Ley de Protección de Informantes, por lo que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937-o Directiva Whistleblowing. A partir de la entrada en vigor de esta ley, las empresas españolas (públicas o privadas) con más de 50 empleados deberán implementar un canal de denuncias en los próximos 3 meses.
Esta nueva ley (cuyo plazo de transposición finalizó el 17 de diciembre de 2021) introduce importantes novedades en materia de gestión e investigación de denuncias. En particular, las principales novedades que introduce esta norma son las siguientes:
Esta nueva ley (cuyo plazo de transposición finalizó el 17 de diciembre de 2021) introduce importantes novedades en materia de gestión e investigación de denuncias. En particular, las principales novedades que introduce esta norma son las siguientes:
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Obligatoriedad de implementar canales internos de información a las entidades públicas y a las privadas de 50 o más trabajadores (entre otras), que deberán cumplir determinadas características y garantías mínimas;
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Exigencia de la integración de todos los canales de las entidades en un único sistema interno de información;
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Obligatoriedad en admitir y tramitar las denuncias anónimas;
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Requiere la tramitación efectiva de las comunicaciones,
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Se establece la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.), con potestades sancionadoras en esta materia;
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Legitima la revelación pública de las infracciones en determinados supuestos;
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Impone la obligación al órgano de administración o de gobierno de designar a un responsable del sistema de información interno;
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Las medidas de protección no se limitan exclusivamente a la prohibición de represalias, sino también a medidas de tipo asistencial, que en algunos casos pueden incluso implicar la concesión de apoyo financiero al informante.